Cuba se prepara para aprobar una nueva Constitución, que sustituirá a la aún vigente, que data de 1976. Entre otras cosas, la nueva norma abrirá las puertas al mercado y la inversión privada pero también, podría cambiar la situación actual del para las parejas del mismo sexo en el país.

El proyecto de la nueva Carta Magna, aprobado el domingo por la Asamblea Nacional, será llevado a consulta popular entre el 13 de agosto y el 15 de noviembre, y luego sometido a un referéndum.

Cuba, que tras el triunfo de la revolución en 1959 marginó a los homosexuales, ahora se prepara para acoger una de sus principales demandas: el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Para ello, el artículo 68 de la nueva Carta Mgna dejará claro que el matrimonio es la unión consensuada «entre dos personas», sin especificar sexo, retirando la exclusividad de que sea solo para una pareja formada por hombre y mujer.

«Aunque hubo criterios diferentes, todas las personas estuvimos de acuerdo en que este articulado por primera vez hable del matrimonio entre dos personas. Es un paso maravilloso y lo celebro», explicó la diputada Mariela Castro.

Mariela, hija del expresidente Raúl Castro, lidera el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), organización que promueve la defensa de los derechos de personas LGBT.

«Es un acto de justicia que refuerza esos principios de humanismo, de equidad, y (que busca) evitar esa discriminación que por distintas razones y durante tiempo se ha padecido», añadió Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado.

Sin embargo, el funcionario dejó claro que el cambio de concepto no supone automáticamente la legalización «del matrimonio igualitario», asunto que «requiere un desarrollo legislativo posterior» para que «en el futuro eso se pueda incorporar».

El periodista y reconocido activista gay Francisco Rodríguez (Paquito), también miembro del gobernante y único Partido Comunista, dijo que «sería la puerta abierta para poder avanzar con posterioridad en la legalización de las parejas homosexuales».

Además, subrayó, el proyecto «incorpora el principio de no discriminación por orientación sexual e identidad de género», lo que permitiría adoptar «otras normas jurídicas y políticas públicas» para proteger los derechos de la comunidad LGBTI cubana.