Representantes de estancias infantiles se manifestaron en el Congreso de Nuevo León con pancartas para solicitar apoyo a los diputados locales ante la cancelación de presupuesto por parte del gobierno federal.

Dulce Reina Rodríguez, de la institución llamada “Mi dulce estancia”, que se ubica en el municipio de Guadalupe, dijo que acudieron para pedir apoyo a los diputados y al gobierno estatal para que intercedan ante el gobierno federal.

Indicó que el presidente los ha difamado, al acusar a las instituciones de corruptas y de ser estancias fantasmas.

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Aseguró que en el estado de Nuevo León son 211 estancias que “podemos comprobar que sí existimos”.

Además solicitó una disculpa pública, ante estas aseveraciones.

“Nosotros no queremos el dinero, lo que queremos es que se cuide la integridad y el interés superior de la niñez. La versión del gobierno es que les va a dar 1800 pesos bimestrales a los padres de familia, siendo que a nosotros nos daban 950 pesos mensuales ósea, 150 pesos menos y que los cuiden a los niños por ser cuidados por su abuelitos, por vecinos o por un tío y viendo la información y notas que sean en la medios es lo que también nos alarma”, señaló.

Dijo que las estancias infantiles que hay en el estado y que atiende a más de 5 mil niños, no han recibido el apoyo financiero.

“Nosotros estamos batallando con los pagos desde el mes de octubre, nos los pagan a destiempo y en fracciones, ahorita ya se terminó el colchoncito que teníamos para seguir operando la estancia”, manifestó.

Pues aseguran que ante la falta de recursos económicos de parte del gobierno, han laborado en lo que va del año con sus propios recursos, para de esta manera no perjudicar a los padres trabajadores no afiliados al IMSS.

Señalaron que pese a que no se ha recibido el apoyo económico del Gobierno, han trabajado lo que va del año con recursos propios, para no afectar a las madres y padres trabajadores que no están afiliados al Seguro Social.

Indicaron que ante un posible cierre de las estancias, por falta de los apoyos, se afectaría a los menores y se perderían mil 200 empleos.

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