El 44 por ciento de los mexicanos considera que han aumentado los actos de corrupción en el país, de acuerdo con la ONG Transparencia Internacional.

Pero la percepción de la ciudadanía sobre la corrupción en México bajó durante los primeros meses del gobierno del Presidente López Obrador, ya que de acuerdo al Barómetro Global de la Corrupción para América Latina y el Caribe publicado por Transparencia Internacional, el porcentaje de la población que considera que la corrupción aumentó fue de 44 por ciento, lo cual representa 17 puntos porcentuales menos que en el 2017.

Disminuyó el número de mexicanos que pagaron sobornos a funcionarios públicos para un servicio, ya que en 2017 el 51 por ciento realizó esta acción y en 2019 disminuyó a 38 por ciento.

El 61 por ciento de los mexicanos considera que el Gobierno está actuando de manera adecuada el tema de la corrupción, mientras que el 36 por ciento asegura que no, de acuerdo a la encuesta realizada en febrero y marzo en 18 países de América Latina.

México se ubica en el tercer país donde menos ciudadanos consideran que la corrupción aumentó en los últimos 12 meses, mientras que en países como Venezuela el 87 por ciento consideran que la situación empeoró.

El Gobierno actual muestra una mejora respecto a la anterior administración, la cual se vio severamente afectada por los escándalos, mismos que ocasionaron que la popularidad se cayera.

Cuando Enrique Peña Nieto estaba en el poder en el año 2017, el 61 por ciento reprobó las acciones del Gobierno y sólo un 24 por ciento las apoyó.

Nueve de cada 10 ciudadanos consideran que la corrupción es un problema y el país se sitúa en el primer puesto en cuanto a compra de votos, pues cada dos mexicanos asegura haber recibido sobornos en los últimos 12 meses a cambio de su voto.

México ocupa el segundo lugar en la región donde más sobornos se reportan, sólo por detrás de Venezuela, con un 50 por ciento, y por encima del promedio regional, el cual se ubica en 21 por ciento, mientras que Brasil está en un 11 por ciento.

Los expertos coinciden en que todavía queda mucho por hacer en el tema de las compras públicas, muchas de las cuales siguen siendo por adjudicación directa y lo correcto es una licitación pública.

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