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Como respuesta al veto emitido por el Gobierno del Estado, el Congreso de Nuevo León aprobó este martes la Ley de Cambio Climático.

En sesión del Pleno, los 42 diputados estatales aprobaron por unanimidad la Ley, que busca tener un desarrollo sustentable en materia ambiental, así como restaurar el equilibrio ecológico.

Dicha ley ya había sido aprobada desde el pasado 14 de mayo, pero fue vetada por el Gobernador Jaime Rodríguez.

La ley contempla establecer una Comisión Intersecretarial del Cambio Climático, así como un Inventario y Registro de Emisiones de Gas de Efecto Invernadero.

«Se crea una Comisión Intersecretarial del Cambio Climático del Estado, que entre sus facultades y atribuciones contará con el de promover y evaluar políticas y acciones de las diferentes dependencias y entidades en materia de cambio climático», postula el dictamen aprobado este martes.

«También se crea un Consejo Técnico, quien entre sus facultades tendrá el emitir recomendaciones sobre adaptación y aplicación de políticas, acciones, metas, objetivos y estrategias tendientes a reducir la emisión de gases de efecto invernadero, con el objetivo de frenar los efectos adversos del cambio climático».

La iniciativa de dicha Ley fue inicialmente propuesta por legisladores de la bancada del PRI en el Congreso.

“Es una ley muy completa porque crea un cuerpo técnico, delimitan bien unos significados como mitigaciones, emisiones, así como la participación que debe tener el Gobierno del Estado, los municipios, el Congreso y que haya un Comité intersecretarial que pueda dar tareas específicas a cada uno de los ordenamientos en el combate y la protección al medio ambiente”, detalló Francisco Cienfuegos, coordinador del Grupo Legislativo del PRI en el Congreso.

Dicha Ley contempla sanciones a quienes dañen el medio ambiente, tras la aprobación de penas más severas en el capítulo de delitos ambientales del Código Penal del Estado.

“Esta ley viene a darle más argumentos a la autoridad reguladora, que es el Poder Ejecutivo, para poder sancionar a las empresas emisoras de humo, la sanción va hasta 9 años de prisión y 800 mil pesos de sanción económica”, agregó Cienfuegos.

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