El Congreso Local de Nuevo León aprobó una reforma al Artículo 18 de la Constitución del Estado, quitando el derecho a fianza a presuntos feminicidas.

La reforma fue propuesta el año pasado por la diputada Karina Barrón, buscando impedir que los presuntos culpables del delito huyan del país.

«El feminicidio ahora es un delito grave, el agresor tiene que pasar su proceso estando en prisión. Hay mucha impunidad, vemos que solo se resuelven el 20% de los casos, y el resto queda impune, en el olvido porque el agresor huye», mencionó la diputada.

Se trata de una de las respuestas que estarían teniendo las autoridades locales a la crisis de violencia de género que enfrenta Nuevo León, que se ha convertido en la entidad número uno en feminicidios.

De hecho, solo en lo que va del año suman ya 10 casos de mujeres asesinadas, de los cuales 8 han sido tipificados como feminicidios.

Por definición, un feminicidio es el acto de matar a una mujer por razones de género.

Es decir, que la mujer fue asesinada por el hecho de ser mujer, y cumple ciertas características como haber sufrido violencia previamente por su pareja, o familia o en el trabajo o escuela.

Además de haber sufrido ataques sexuales antes, durante o después de su muerte, y que su cuerpo sea exhibido o expuesto en un lugar público.

 

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