Alcaldes metropolitanos y diputados locales presentaron este martes un exhorto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a no conceder un amparo que eliminaría el cobro de impuestos a casinos.

En rueda de prensa, el Grupo Legislativo del PRI en el Congreso local y los alcaldes de Monterrey, Guadalupe, Apodaca y Santiago llamaron a no conceder el amparo promovido por un casino local, ya que esto impactaría directamente a los recursos estatales y municipales de seguridad pública.

“Un casino promovió un amparo para no pagar impuesto establecido en la Ley de Hacienda del Estado, con el Argumento de ser una facultad exclusiva de la Federación”, expuso Francisco Cienfuegos, coordinador de la bancada del PRI en el Congreso, durante la rueda de prensa.

“De concederlo, pondría en grave riesgo la seguridad del Estado por el severo golpe que recibiría el fondo de seguridad para municipios”.

Cienfuegos Martínez detalló que un 35 por ciento de dicho impuesto va al Fondo de Seguridad para municipios, utilizado para capacitación de elementos, equipamiento, prevención del delito y gastos en materia de seguridad.

Así, de proceder el amparo, los municipios dejarían de recibir recursos que han permitido implementar el modelo de policía y justicia cívica.

Cienfuegos apuntó que el exhorto fue consensado con los diferentes grupos legislativos del Congreso local y con los alcaldes de municipios de otros partidos.

“Este es un tema que nos debe de unir a todos los alcaldes, a todos los diputados, sin distinción partidista, y que debemos de hacer un frente común para poderle advertir a la Suprema Corte de Justicia que estaría cometiendo un grave error al eliminar dicho impuesto”, puntualizó el legislador.

Para este año se proyectaba una recaudación superior a los 700 millones de pesos, fondo que se reparte entre los 51 municipios del Estado.

“Es un golpe muy duro a las finanzas del Estado, a las finanzas de los municipios, y ello agravaría nuestros recursos que destinamos a la seguridad”, expuso por su parte la Alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz.

En caso de declararse la inconstitucionalidad del impuesto, los municipios deberán de ajustar sus presupuestos para que ello no impacte en el rubro de seguridad pública.

“Creo que cada ayuntamiento debe de hacer las previsiones ante la eventualidad de un fallo adverso, cada uno sabemos de qué manera impactan estos recursos a las finanzas del municipio”, expresó por su parte César Garza, Alcalde de Apodaca.

“No habría forma de compensar esos recursos, más que suprimiendo programas de inversión, reclasificando recursos que estaban para programas de desarrollo social o de otra actividad hacia la seguridad pública, que es una materia prioritaria, o mediante un programa de ahorros y recortes de gastos de acuerdo a las posibilidades de cada municipio”.

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