La orden del gobierno salvadoreño para que la policía nacional civil y la fuerza armada retengan a todas las personas que incumplen la cuarentena domiciliar obligatoria, como medida para controlar la propagación del coronavirus en El Salvador, ha sido extendida a pesar de que ha generado denuncias de excesos de autoridad en algunos procedimientos y críticas nacionales e internacionales de organismos de derechos humanos. 

Los diputados prorrogaron por cuatro días más un decreto de emergencia nacional para que se mantenga en el país la cuarentena domiciliar y suspensión de clases, y ordena la instalación de cordones sanitarios. 

La ley de emergencia fue aprobada originalmente el 14 de marzo y terminaba su vigencia la noche del domingo.  

Hasta ahora, El Salvador reporta 125 casos confirmados y seis fallecidos relacionados con la nueva cepa del virus. 

No obstante, los diputados no llegaron a un acuerdo para extender una prórroga a un criticado régimen de excepción que, entre otras limitaciones, restringe el libre tránsito de la población, así como las reuniones públicas que no cuenten con el visto bueno de las autoridades, y que vence la noche del lunes. 

La Corte Suprema de Justicia ordenó el miércoles al gobierno del presidente, Nayib Bukele, abstenerse de realizar detenciones de personas que habrían incumplido la cuarentena domiciliar obligatoria y prohibió a las autoridades la incautación de automóviles o bienes de los detenidos. 

Aun así, el mandatario ordenó el sábado que todas las personas deben utilizar mascarilla obligatoriamente a partir del lunes, así como las personas que se conduzcan un vehículo sin justificación será remitidos a centros de contención por 30 días, su licencia de conducir y el vehículo serán decomisados. 

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