El paso del Covid-19 por Nuevo León resultó ser muy redituable para algunos, puesto que a través de concesiones gubernamentales, la empresa Telecomunicaciones y Transportes del Norte ha logrado embolsarse contratos millonarios por venta de insumos médicos.

La compañía es representada legalmente por Alejandro Guerra, secretario particular del ex Procurador Roberto Flores.

Flores fungió como titular de la Procuraduría General de la Justicia bajo la administración del actual Gobernador, Jaime Rodríguez Calderón.

 

Lo curioso es que Telecomunicaciones y Transportes del Norte no se dedicaba a la fabricación y distribución de insumo médico.

Antes de la pandemia, la empresa proveía principalmente infraestructura y equipos de protección para seguridad. 

De hecho, y aunque ya era había hecho negocios con el Gobierno estatal, en el registro de proveedores aparece bajo los giros de controles de acceso, seguridad y telecomunicaciones.

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Ahora, sin embargo, acapara casi el 45% del presupuesto estatal para insumos médicos, cifra que ascendería a más de 600 millones de pesos.

Según datos reportados por el propio gobierno, a Telecomunicaciones y Transportes del Norte se le habrían asignado hasta cinco contratos por concepto de insumos médicos.

Estos incluyen la adquisición de ambulancias, respiradores, material de cuidados intensivos y camas eléctricas; todo en los últimos días de marzo.

En ninguno de los contratos se especifica el costo por pieza ni la cantidad de unidades que se ordenaron por ‘cuestiones de seguridad‘.

 

UNA EMPRESA VERSÁTIL 

Telecomunicaciones y Transportes del Norte es una empresa constituida en Querétaro, con más de 20 años de operaciones, según su página web.

Dentro del sitio se especifica que tienen presencia en sectores como el de movilidad, telecomunicaciones y seguridad; no se detallan actividades en el área médica.

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Lo único medianamente parecido, también con Nuevo León, fue la compra por parte del DIF de trece unidades de transporte para personas con discapacidad.

Su diversidad es tanta que también ofertó 84 millones de pesos por la renovación del Canal 28, organismo público descentralizado del gobierno estatal.

 

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