Propone diputado castigo para quienes ‘promuevan’ aborto seguro

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Propone diputado castigo para quienes 'promuevan' aborto seguro
Foto: Diario El Mundo

Por considerar que se trata de una ‘apología al delito’, el diputado Carlos Leal Segovia, del Partido Encuentro Social, presentó una iniciativa al Congreso para penalizar hasta con tres años de cárcel a quienes auxilien o brinden información que ayude a mujeres a abortar de forma asistida.

El proyecto plantea modificar el Artículo 329 del Código Penal, que determina penas para quienes realizan abortos, y agregarle las palabras ‘induzca‘ o ‘auxilie‘, en un intento de controlar la información que colectivas feministas comparten en redes para brindar una alternativa segura al momento de abortar.

Leal Segovia llegó a comparar a la interrupción del embarazo con un ‘genocidio‘, y cuenta con un amplio historial de polémicas iniciativas que pretender coartar libertades a grupos en estado de vulnerabilidad, como mujeres embarazadas y personas de la comunidad LGBTTIQ.

El legislador declaró ante diversos medios que logró recuperar datos personales de mujeres que brindaban asistencia para abortar de forma casera, información que puso a disposición de la Fiscalía.

‘Es un delito el aborto, y nos hemos encontrado con que hay colectivos que están haciendo promoción a un delito, lo que no debe ser’ declaró el diputado al momento de turnar la iniciativa ante la Comisión de Justicia.

La interrupción del embarazo en Nuevo León, si bien no es legal, tiene causales que justifican su realización y por las que no es perseguido; las asociaciones que pretende denunciar Leal Segovia se limitan a brindar esta información a quienes la solicitan y a acompañar el proceso para que sea lo más seguro posible.

Es la propia Organización Mundial de la Salud quien, a través de comunicaciones y protocolos, ha difundido reiteradamente procesos mediante los que una mujer puede tomar la decisión de abortar de manera segura.

Aunque se aclara que lo ideal es contar con supervisión médica, la OMS promueve tratamientos a base de medicamentos que no requieren receta médica; siendo el más recurrente el misoprostol.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos respalda estos métodos, por considerar que la información y legislación del tema en ciertos países de América Latina es ‘ambigua y criminalizante‘.

La iniciativa que propone Carlos Leal, en teoría, otorgaría el derecho de ‘procesar’ no sólo a las colectivas feministas que promueven el aborto en la entidad, sino a instituciones como la OMS y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por ello, consideran algunos expertos y organizaciones, el proyecto constituye más un proceso ‘simbólico’ mediante el que el legislador pretende estigmatizar la práctica del aborto que una iniciativa real.

Según datos del Observatorio de Muerte Materna (OMM), en México se practican entre 750 mil y un millón de abortos clandestinos al año, muchos de ellos en condiciones adversas, lo cual representa la cuarta causa de muerte de mujeres en el País.

 

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